Madrid, 14 de Marzo de 2008







Excmo. Sr.

D. LUIS MORENO OCAMPO

FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

LA HAYA

PAÍSES BAJOS









Estimado Sr.:



El día 01 de marzo de 2008, el ejército colombiano dio muerte al 2º comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en territorio ecuatoriano, y en esa acción incautó tres ordenadores propiedad del guerrillero, que recogen información de trascendental importancia en relación al apoyo y patrocinio que recibe dicha organización guerrillera por parte de gobiernos y personalidades de la vida política de la región Latinoamericana.



Es un hecho público y notorio, que las FARC han cometido en contra del pueblo colombiano graves crímenes que lesionan a la humanidad, de manera sistemática y generalizada, dirigidas contra la población civil colombiana con el propósito de sembrar terror en esa sociedad y con fines políticos.



En los días que siguieron a la muerte de Raúl Reyes, la opinión pública internacional tuvo conocimiento por la información suministrada por parte de las autoridades colombianas, de gravísimas pruebas que presuntamente evidencian la colaboración y el patrocinio del Gobierno de Venezuela y de su Presidente Sr. Hugo Chávez Frías, con la citada organización terrorista.



Tal es la gravedad de las pruebas encontradas, que el propio Presidente de Colombia, D. Álvaro Uribe anunció públicamente que denunciaría al Presidente Chávez ante esta Corte Penal Internacional, por su cooperación con las FARC y su consecuente complicidad en muchos de los crímenes de Lesa Humanidad que éstas han cometido en años recientes.



Las relaciones de Chávez con las FARC se remontan a los años 90, sobre todo en las fechas posteriores a su salida de la cárcel después de cumplir dos años de prisión por los intentos de golpes de estado en contra del gobierno democrático que para esa fecha regía los destinos de Venezuela.



Estas se incrementaron con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, fundamentalmente canalizadas dentro de la estrategia de exportación de la Revolución Bolivariana , que implica la expansión de regímenes de izquierda totalitaria a toda Latinoamérica, con especial énfasis en la región andina.



Desde entonces son públicos y notorios los permanentes contactos entre funcionarios del gobierno venezolano y de su Fuerzas Armadas y la guerrilla de las FARC, llegándose producir la complicidad con el grupo guerrillero para permitir su presencia en territorio venezolano, con el consecuente incremento de la inseguridad de muchas poblaciones fronterizas producto de los sistemáticos asesinatos, atentados, secuestros, atracos a bancos, etc. Esos hechos criminales han sido objeto de permanentes denuncia por parte de las comunidades que han sufrido los ataques.



Fue el propio Presidente Uribe, quien en Diciembre pasado le entregó al Presidente Chávez pruebas fehacientes de la existencia de campamentos guerrilleros de las FARC en territorio venezolano.



Ahora, ya no son solo las evidencias de esta presencia, sino documentos que arrojan gravísimas pruebas sobre la posible actuación del Presidente Hugo Chávez en apoyo al grupo guerrillero, expresado en soporte económico, logístico, estratégico y armamentista.



Colombia viene sufriendo el flagelo del terrorismo guerrillero de las FARC desde hace décadas, en su suelo se han cometido crímenes que nos han estremecido y que no dudamos en calificar de genocidio de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Estatuto de Roma, habida cuenta de su magnitud y su carácter sistemático y generalizado.



Los documentos incautados a Raúl Reyes demuestran también la presunción de que el Presidente del Ecuador, Sr. Rafael Correa, haya mantenido o mantenga contactos de cooperación y apoyo con las guerrillas de las FARC. De hecho, la presencia de varios campamentos guerrilleros en su territorio que también eran utilizados como aliviadero por las FARC y a los que asistían correligionarios de otros países en una especie de adoctrinamiento internacional, así lo demuestran.



El que un jefe de estado de un país vecino de Colombia patrocine la actuación de esos grupos a los que además se atribuye la condición de narco guerrilleros, es uno de los crímenes más abominables que se puedan imaginar.



La reacción inicial del Presidente Hugo Chávez a la muerte de Raúl Reyes fue la de condenar la actuación del ejército colombiano, llamar asesino al Presidente Uribe y guardar un minuto de silencio en su honor en un acto oficial entre autoridades del gobierno venezolano.



Asimismo, recientemente Chávez solicitó a la comunidad internacional cambiar la calificación de terroristas a la guerrilla de las FARC, por la de insurgentes, en lo que a la luz de los documentos recientemente incautados, forma parte de una estrategia política conjunta.



Por ello es indispensable que se produzca una averiguación judicial que permita esclarecer la posible participación de estos gobiernos y funcionarios en estos hechos criminales.



Al término de la recientemente finalizada Cumbre del Grupo de Río, celebrada en República Dominicana, el Presidente Uribe, en aras de la paz amenazada y por la presión que sobre él ejercieron varios gobiernos de la región, desistió temporalmente de cumplir con la anunciada denuncia al presidente Chávez ante esta Fiscalía de la Corte Penal Internacional.



Pero es evidente que la gravedad de los hechos denunciados ante la opinión pública internacional, requiere que sean esclarecidos para garantizar la convivencia pacífica entre esos pueblos vecinos, y evitar que la irresponsable conducta de algunos de sus gobernantes continúe facilitando apoyo y patrocinio a grupos terroristas, que cometen crímenes que son competencia de esta Corte Penal Internacional.



En tal sentido, nos permitimos apuntar que los tres estados involucrados, Colombia, Venezuela y Ecuador, son parte del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, y que por estar jefes de estado señalados como presuntos responsables del patrocinio, colaboración y apoyo de los grupos guerrilleros que cometen crímenes de lesa humanidad, es esta Corte la única competente para esclarecer estos hechos, pues de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Roma, en su jurisdicción no es oponible la condición de jefe de estado para tratar de eludir la responsabilidad ni una investigación de esta naturaleza.



Otras jurisdicciones nacionales encontrarían severos obstáculos para adelantar dicha investigación y aquellas que se han adjudicado competencia en materia de justicia universal, cuando encuentran entre los indiciados a jefes de estado de países con los que tienen relaciones diplomáticas, aplican la doctrina de la “Inmunidad de soberanía”, eficaz a la hora de librar a consumados criminales de tener un proceso que aplique la justicia, con el daño consecuente de impunidad y desprecio a las víctimas.



La Fiscalía de la Corte Penal Internacional que Vd. acertadamente dirige tiene la facultad, de acuerdo a lo establecido en los artículos 13.C y 15 del citado Estatuto, de iniciar de oficio esta averiguación, solicitando al gobierno colombiano le envíe oficialmente la información aparecida en los ordenadores incautados a Raúl Reyes, para que se examine su contenido y se establezca el carácter de los vínculos de los referido jefes de estado de Venezuela y Ecuador, Hugo Chávez y Rafael Correa, con la guerrilla de las FARC, y si estos constituyen algún comportamiento que les incrimine ante esta jurisdicción.



Por todo lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes solicitamos a su Excelencia admita la presente denuncia y de conformidad con lo pautado, solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, la autorización correspondiente para el inicio de esta investigación.





PLATAFORMA DEMOCRÁTICA DE VENEZOLANOS EN MADRID