DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO Y LA VIOLACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN VENEZUELA.

  • Author:
    n/a
  • Send To:
    Gobierno de Venezuela
  • Sponsored By:
    Academias Nacionales de Venezuela
  • More Info at:
DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO Y LA VIOLACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN VENEZUELA.


(Se transcribe el documento sin acentos ni caracteres especiales)

En la presentacion de sus Propuestas a la Nacion el 10 de noviembre de este ano, las Academias Nacionales advirtieron sobre el deterioro de las bases institucionales de la democracia, propia del Estado de Derecho que para nuestro pais postula la Constitucion vigente, y sobre los efectos negativos de la inflacion y del deterioro de la salud publica, sobre la perdida de la ensenanza de la historia, asi como sobre los limites de la investigacion cientifica y la falta de planificacion y ejecucion de un desarrollo sostenible.

Hoy, ante la sancion de leyes que violan derechos constitucionales de naturaleza inalienable e irrenunciable, asi como del principio de la separacion de los poderes y de la institucionalidad democratica, los presidentes de las Academias Nacionales y demas firmantes de este documento, responsablemente denuncian ante la opinion publica nacional y mundial el desconocimiento del Estado de Derecho en Venezuela por la pretension de imponer un sistema absolutista. Ello en razon del concepto totalitario que priva en la legislacion recientemente aprobada, que no solo confiere ilimitadas facultades al Presidente de la Republica, y altera la distribucion del poder publico de la organizacion federal de la Nacion, sino que tambien desconoce la voluntad electoral expresada el 26 de septiembre de 2010, que reclamo un poder legislativo mucho mas plural y de mayor representatividad de los diversos sectores nacionales en la aprobacion de las leyes.

Este sistema absolutista se manifiesta en la grave restriccion de las libertades publicas de pensamiento, de expresion y de educacion libre, en la imposicion de controles y sanciones al derecho de informacion, y en la eliminacion de los fundamentos de autonomia en el funcionamiento de las universidades, que forma parte de su esencia como instituciones de educacion superior. El sentimiento absolutista tambien se exterioriza a traves de la sancion de leyes que persiguen imponer un modelo de Estado socialista y comunal, en contra de la voluntad popular que lo rechazo en el referendum del ano 2007, que atentan contra el principio de la soberania popular como fuente originaria del poder del Estado. Adicionalmente, ese modelo excluye a los que no se identifican con esa ideologia, alterando los principios de igualdad y de no discriminacion, propias de las democracias constitucionales. Estos desconocimientos colocan a Venezuela fuera de los estandares democraticos de los tratados y convenciones suscritos por el Estado venezolano.

Consideramos que la actual Asamblea Nacional altera gravemente el orden constitucional del Estado de Derecho, al impedir el pleno funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional al restringir sus competencias legislativas por un periodo de dieciocho (18) meses, cuando delega ampliamente en el Presidente de la Republica la mayor parte de su reserva legislativa, y sobre materias totalmente ajenas a la emergencia climatica que se argumento como justificacion de tal delegacion. Adicionalmente, la modificacion del regimen interior de debates busca limitar la discusion y deliberacion de los nuevos parlamentarios. Estas decisiones legislativas se toman con la clara intencion de evitar que los miembros de la nueva Asamblea Nacional puedan ejercer debidamente la representacion de los votantes que los eligieron en las elecciones del 26 de septiembre de 2010.

Creemos que las leyes sancionadas por la actual Asamblea Nacional en su ultimo periodo de sesiones desmejoran las inversiones en materias cientificas, tecnologicas y de innovacion del conocimiento, y contrarian los valores de la sociedad democratica del pluralismo, del respeto de los derechos fundamentales, de la separacion y del equilibrio entre los poderes, asi como de la participacion ciudadana, de la organizacion federal del Estado, del sistema economico democratico, de la seguridad juridica y del respeto de las minorias. Leyes como la de telecomunicaciones y la de responsabilidad e inhabilitacion politica de los parlamentarios, afectan la esencia misma de la dignidad de las personas, al imponer controles y sanciones al ejercicio del derecho a expresar opiniones y a disentir libremente.

A lo anterior se suma la falta de un Poder Judicial independiente que garantice la imparcialidad de los procesos judiciales, y que asegure que la actuacion de los gobernantes se lleve a cabo dentro de los limites del derecho, y en armonia con los valores constitucionales y las leyes que estan destinadas a conservarlos. Por otro lado, la actuacion sin el debido proceso, arbitraria y desproporcionada, para privar a los ciudadanos de su libertad y de sus bienes, afectan la estabilidad personal y social de los ciudadanos y su libre desenvolvimiento. Hoy dia en Venezuela, por todo ese conjunto de leyes, y por la falta de proteccion judicial ante sus violaciones, es cada vez mas riesgoso ejercer derechos intangibles como el de la libre expresion y de la libre manifestacion politica.

La utilizacion de la fuerza militar para ejecutar actividades civiles y administrativas, contradice sus fines institucionales y los tratados que respecto de la seguridad ciudadana ha suscrito Venezuela, que prohiben utilizar cuerpos profesionales armados y armas de guerra en la realizacion de actuaciones gubernamentales. Por lo expuesto, estimamos que esta en riesgo el sistema politico democratico basado en el imperio de la Constitucion y de la Ley.

Dentro de ese contexto, ratificamos que el caracter ilimitado de la delegacion conferida al Presidente de la Republica mediante autorizacion de leyes habilitantes atenta contra el principio de seguridad juridica y el principio democratico, porque ello conduce a la eliminacion de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, y a la desnaturalizacion de la excepcionalidad de la delegacion legislativa. Asimismo, rechazamos el uso de facultades extraordinarias para afectar derechos economicos y sociales fundamentales, como el de propiedad y el de libre iniciativa, sin atenerse a los principios constitucionales que garantizan que tales derechos no se afecten arbitrariamente, y que tales afectaciones no produzcan danos mayores, como el desempleo, la escasez de productos esenciales, la ineficiencia de los servicios publicos y la corrupcion.

Particular denuncia queremos hacer sobre la gravedad de la lesion al derecho a la libre ensenanza que representa el proyecto de Ley de Educacion Universitaria, recientemente aprobado en primera discusion por la Asamblea Nacional. Este instrumento legal despoja a las universidades de su autonomia administrativa, de autogobierno, de direccion y normativa, al transferirse la mayor parte de sus competencias autonomas a entes dependientes del poder ejecutivo, y al someter las universidades a un regimen de sumision en cuanto a sus facultades investigativas y programaticas, imponiendoles como modelo el de la educacion socialista y un sistema de gobierno similar al comunal. Exigimos del poder legislativo que en la nueva legislacion se garanticen a las Universidades los principios constitucionales de su autonomia, es decir: 1) La potestad para orientar sus planes de estudio y de investigacion de su sistema de educacion. 2) La capacidad para darse libremente su propia organizacion academica y de concretar su libertad de ensenanza y economica. 3) La reserva legal, en el sentido que solo por ley puede limitarse la libertad de las universidades, sin que se afecten sus elementos esenciales y unicamente para permitir la supervision de la calidad de la instruccion y la observancia de las grandes directrices de la politica educativa. 4) La inviolabilidad del recinto universitario como medio de proteccion de la autonomia universitaria. 5) El derecho de los profesores y estudiantes, principalmente, como miembros de la comunidad universitaria, de participar en los organos de gobierno de las universidades y en sus decisiones. Y, 6) La existencia de un sistema verdaderamente democratico y de respeto pleno a las libertades publicas y a los derechos humanos, que garantice efectivamente la autonomia universitaria.

Por todo lo expuesto, advertimos y denunciamos que en la actualidad en Venezuela no estan garantizados los principios fundamentales ni el cumplimiento del Pacto Social del Estado de Derecho y de Justicia de una sociedad democratica y plural que postula la Constitucion.

Caracas, 22 de diciembre de 2010

Blas Bruni Celli, Director de la Academia Venezolana de la Lengua
Elias Pino Iturrieta, Director de la Academia Nacional de la Historia
Claudio Aoün Soulie, Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Roman Duque Corredor, Presidente de la Academia de Ciencias Politicas y Sociales
Benjamin Scharifker, Presidente de la Academia de Ciencias Fisicas, Matematicas y Naturales
Pedro A. Palma, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Economicas
Anibal R. Martinez, Presidente de la Academia Nacional de la Ingenieria y el Habitat



Si desea obtener el documento original, vaya a:

http://dl.dropbox.com/u/15554965/Pronunciamiento\%20Academias.pdf